Categoría: Informes

Ramallah, 28 de enero de 2015 – Según los relatos de testigos, en los últimos meses 11 niños palestinos han sido asesinados por soldados israelíes. De acuerdo a expertos en derechos humanos, ello revela un patrón de fuerza letal sin freno basado en una cultura de impunidad entre los soldados israelíes y sus superiores.

«Se dispara a los niños en circunstancias que fracasan en presentarse como justificadoras del uso de la fuerza letal bajo las propias pautas del ejército israelí, y aún así ningún soldado es responsabilizado por ello», dijo Brad Paker, abogado y portavoz internacional de Defense for Children International Palestine (DCI-Palestine). «Nadie es responsabilizado por violar las normas y mucho menos por la conducta letal actual».

Ello, dice Parker, explica una tendencia que su organización ha estado siguiendo por más de una década, DCI-Palestine contabiliza los decesos infantiles desde el año 2.000 en 1.890, todos ellos resultado de la presencia militar y de los colonos en los Territorios Ocupados.

La cifra incluye 471 casos documentados de niños asesinados durante el último ataque israelí a la Franja de Gaza en julio y agosto pasados, número que que Parker dice seguramente se incrementará con otros casos que están siendo verificados por DCI-Palestine.

Impunidad:

De los 11 casos documentados por DCI-Palestine de muertes infantiles en 2014, sólo uno fue investigado y procesado. Un policía de frontera israelí fue arrestado por homicidio en relación al disparo sufrido por Nadeem Nawara durante una protesta conmemorativa del aniversario de la Nakba el 15 de mayo.

Una investigación -sobre el asesinato de Yousef Shawamra (foto) el 19 de marzo- no adjudicaron responsabilidad por conducta criminal a los soldados israelíes; un desenlace recurrente de los procedimientos militares israelíes luego de un disparo mortal.

«La impunidad sistemática garantiza que los soldados israelíes no serán castigados incluso en casos de conducta letal», dijo Parker. «El hecho de que haya cada vez más casos de niños asesinados con munición viva sugiere que el ejército se desentiende de las acciones de sus soldados».

En septiembre, la destacada organización de derechos humanos israelí B´Tselem anunció que se había negado a compartir los archivos de casos de Gaza con el Abogado General del Ejército Israelí, citando una historia de «blanqueo» como resultado de investigaciones que no son «supervisadas por nadie por fuera de las fuerzas armadas».

Objetivos:

«Lo impactante de estas muertes», señala Parker, «es que todas ellas involucran disparos letales a los cuerpos de esos niños, la mayoría de ellos efectuados por soldados israelíes que disparan sin ser vistos donde los niños no representan ningún peligro mortal para ellos».

El caso de Shawamra es ejemplo de ello. De acuerdo a la declaración hecha por un amigo de él a DCI-Palestine, el niño fue asesinado mientras arrancaba plantas silvestres cerca de una valla fronteriza cerca de su casa en Hebrón. Luego de oír tres disparos, los amigos se escudaron tras un arrollo seco.

Cuando Yousef se levantó y trató de correr hacia su pueblo, su amigo «escuchó dos disparos y vio a Yousef caer cerca de la valla». Cuando se acercó a él, Muntaser escuchó a un soldado israelí gritarle «Dejalo, o te disparo a vos también».

«Miré a mi alrededor y vi a seis soldados entre los olivos a unos 70 metros al oeste», dijo Muntaser. «Uno de ellos me golpeó en la espalda con la culata de su rifle, me pateó, y me ordenó acostarme al lado de Yousef».

Muntaser tuvo luego que afrontar un interrogatorio de tres horas, durante el cual no tenía idea si su amigo había muerto por las heridas en su espina dorsal y estómago, de a cuerdo a su declaración.

Amenaza directa:

El caso de Shawamra demuestra la falsedad del argumento de que los niños palestinos son asesinados por participar en actos «violentos» contra los militares israelíes.

Por ejemplo, Khalil Mohammad Ahmad al-Anati de diez años, del campo de refugiados Fawwar en Hebrón, fue asesinado a unos metros de su casa por soldados que hacían guardia en un camión de la compañía de agua que había ido a dar servicio a una planta cerca de un asentamiento ilegal allí. Khalil había salido a jugar.

Aunque 8 de los 10 asesinatos documentados antes de la Operación Borde Protector involucraron niños que, o bien estaban participando o estaban cerca de una protesta, ninguna ameritaba el uso de fuerza letal según las normativas de las fuerzas israelíes, reiteró Parker.

Por ejemplo, Orwa Khaleq, de 14 años, fue asesinado cerca de enfrentamientos habituales que se dan los días viernes a la entrada del barrio palestino de Silwad, fuera de Ramallah. A pesar de encontrarse a unos 20 metros de la carretera de los colonos, para evitar el lugar de los mayores enfrentamientos, Orwa fue alcanzado por un disparo de un soldado israelí.

«Lo más importante», dice Parker, «es que la ocupación militar israelí amenaza directamente la vida de los niños palestinos. Hasta que los soldados israelíes no sean responsabilizados por sus acciones, más niños serán asesinados».

Fuente: DCI-Palestine

http://www.dci-palestine.org/

Human Rights Watch, 21/11/2014

Israel: Basta ya de punitivas demoliciones de viviendas

Esta política equivale a un castigo colectivo, potencial Crimen de Guerra

22 DE NOVIEMBRE 2014

(Jerusalén) – Israel debe establecer un cese inmediato de su política de demolición de las casas de las familias de palestinos sospechosos de llevar a cabo ataques contra israelíes. La política, que según los funcionarios israelíes es disuasoria, castiga deliberadamente e ilegalmente a personas que no están acusadas ​​por ningún delito. Cuando se lleva a cabo en un territorio ocupado, incluida Jerusalén Este, equivale a un castigo colectivo, que es un crimen de guerra.

En al menos cinco ocasiones en 2014, las autoridades israelíes han demolido o clausurado los hogares familiares de palestinos sospechosos de matar israelíes, dejando a decenas de personas sin hogar. El 19 de noviembre de 2014, las fuerzas israelíes utilizaron explosivos para destruir la casa de la familia de un hombre de Jerusalén Oriental que atropelló y mató a una niña e hirió mortalmente a una mujer el 22 de octubre. Las autoridades israelíes han dicho que van a demoler siete hogares más de familiares de palestinos sospechosos de matar a israelíes, entre ellos cinco viviendas en Jerusalén Este.
«Las demoliciones de casas como punición son descaradamente ilegales». Dijo Joe Stork, subdirector de Medio Oriente, y África del Note. «Israel debe procesar, condenar y castigar a los criminales, y no llevar a cabo la destrucción vengativa que perjudica a familias enteras.»

El ejército israelí puso fin a una anterior política de demoliciones punitivas de viviendas en 1998, pero la reinstauró después del comienzo de la segunda Intifada palestina en 2000. De 2000 a 2005 las fuerzas israelíes destruyeron, a modo de castigo, más de 650 viviendas palestinas, desplazando a más de 4.000 personas, según datos relevados por B’Tselem, una organización israelí de derechos humanos. En 2009, las fuerzas israelíes punitivamente demolieron y clausuraron las casas de familias de palestinos que mataron a israelíes.

Tras el más reciente ataque contra los israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el 18 de noviembre que había «ordenado la demolición de las casas» de dos hombres a quienes llamó «animales humanos» que ese día habían matado a cinco civiles durante un ataque a una sinagoga: los rabinos Aryeh Kupinsky, Kalman Levine, Moshe Twersky, y Avraham Shmuel Goldberg, y el oficial de policía Zidan Saif. Las fuerzas israelíes respondieron al ataque matando a los asaltantes, los primos Uday y Ghassan Abu Jamal, de Jerusalén Este. Human Rights Watch condenó el ataque, del cual un grupo armado palestino se atribuyó la responsabilidad.

El 18 de noviembre las fuerzas israelíes detuvieron a 10 de los familiares de los hombres y 8 de ellos fueron liberados  al día siguiente, según dijeron a HRW, funcionarios de la Asociación Addameer para la defensa de los derechos de los prisioneros palestinos.

Portavoces israelíes sostienen que bajo la ley israelí, las familias palestinas pueden oponerse a las órdenes de las demoliciones punitivas  dentro de las 48 horas y luego apelar a la Corte Suprema de Israel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Israel se ha negado a aplicar la prohibición absoluta en el derecho internacional consuetudinario contra el castigo colectivo a la población civil en territorio ocupado cuando dictaminó sobre peticiones contra las demoliciones punitivas de viviendas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en lugar de esto reclaman que las demoliciones podrían ser justificadas como «proporcionadas» si compensan la necesidad de disuadir a otros palestinos de llevar a cabo ataques. El ejército suspendió las demoliciones punitivas en 2005 por recomendación de un estudio realizado por una comisión militar que determinó que la política no hizo nada para impedir los ataques palestinos contra israelíes.

El 7 de agosto, el tribunal rechazó una apelación de HaMoked, un grupo de derechos humanos israelí que citó la prohibición del derecho internacional contra la demolición punitiva planificada. El tribunal dictaminó que esas demoliciones eran una forma legal de «disuasión» bajo la Reglamentación (de emergencia) de la  Defensa Británica de 1945, que Israel lo incorporó en su legislación. Asimismo, los peticionarios argumentaron que la aplicación de los reglamentos de Israel es discriminatoria, ya que las fuerzas israelíes no han destruido las casas familiares de israelíes que mataron a palestinos. El veredicto declaró que el ultimo fenómeno era «extremadamente excepcional» y dictaminó que los peticionarios no habían demostrado que los militares habían discriminado en determinar cuáles casas debían ser  demolidas, lo cual «está situado en el corazón de [su] criterio».
El 30 de junio, en la ciudad cisjordana de Hebrón, el ejército israelí detonó explosivos en las casas familiares de dos hombres sospechosos del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes el 11 de junio.

El 18 de agosto las fuerzas militares destruyeron por completo las dos casas, y clausuraron la de un tercer sospechoso, dejándola inhabitable. El 2 de julio, en Cisjordania, los militares utilizaron explosivos para destruir la casa de un palestino acusado de matar a un oficial de seguridad israelí en 2013. En total, las acciones militares desplazaron 29 residentes de los cuatro hogares, según datos de la ONU.

Un portavoz israelí, Mark Regev, contó a The New York Times el 19 de noviembre que las demoliciones de las casas de familias de palestinos que atacaron a israelíes son procedimientos necesarios para contrarrestar «una cultura de apoyo dentro de la sociedad palestina» a este tipo de ataques, incluido el apoyo financiero a las familias de los atacantes. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe en absoluto los castigos colectivos, incluyendo el daño intencional a los familiares de los delincuentes. Por otra parte, el informe militar israelí de 2005 señaló que las demoliciones punitivas de viviendas aumentaron la hostilidad hacia Israel. Justificando el castigo de las personas que no son responsables de un acto criminal, sino sólo porque podrían «apoyar», esto sentaría un precedente peligroso que podría volverse en contra de los israelíes.
El derecho internacional aplicable a los territorios ocupados ha prohibido el castigo colectivo desde, por lo menos, los Reglamentos de La Haya de 1899. Los tribunales de todo el mundo han considerado la imposición de castigos colectivos como un crimen de guerra.

«El primer ministro Netanyahu debe rechazar la política de demolición de viviendas punitivas», dijo Stork. «Es un principio básico del derecho que una persona no debe ser castigada por el crimen de otro.»