Traducción no oficial
NUEVA YORK, jueves, 20 de octubre de 2022 (WAFA) – Hay motivos razonables para concluir que la ocupación israelí del territorio palestino ahora es ilegal según el derecho internacional debido a su permanencia y las políticas de anexión de facto del gobierno israelí, así lo plantea el primer reporte a la Asamblea General emitido hoy por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.
Subrayando que, según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la Potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía, la Comisión de tres personas pidió a la Asamblea General que solicite una Opinión Consultiva urgente de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la continua negativa de Israel a poner fin a su ocupación del Territorio Palestino Ocupado.
“Declaraciones recientes del Secretario General y numerosos Estados miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por otro Estado es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto; La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto”, declaró Navi Pillay, presidente de la Comisión. “A menos que se aplique universalmente, incluso a la situación en el Territorio Palestino Ocupado, este principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas dejará de tener sentido”, agregó.
Para llegar a sus conclusiones, la Comisión revisó las políticas y acciones empleadas por los gobiernos de Israel para mantener la ocupación y anexar partes del Territorio Palestino Ocupado. La revisión de la Comisión se basó en entrevistas con expertos y partes interesadas, y las presentaciones recibidas luego de una convocatoria de presentaciones emitida el 22 de septiembre de 2021.
El informe de 28 páginas se centra en el sostenimiento y el avance de la empresa de asentamientos, incluidas las declaraciones hechas por funcionarios israelíes que indican la intención de mantener el control permanente sobre la tierra en violación del derecho internacional. La Comisión concluye que al continuar ocupando el territorio por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue siendo responsable de las violaciones de los derechos de los palestinos individualmente y como pueblo.
“Al ignorar el derecho internacional al establecer o facilitar el establecimiento de asentamientos y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han establecido hechos sobre el terreno para garantizar el control israelí permanente en Cisjordania”, declaró Pillay.
Al producir su informe, la Comisión revisó la expropiación y explotación de la tierra y los recursos naturales por parte de Israel, y las políticas restrictivas de planificación urbana y zonificación de Israel en Cisjordania, y señaló que la tierra a menudo se confisca con fines militares, pero luego se utiliza para la construcción de asentamientos. La Comisión revisó las declaraciones de funcionarios israelíes que indican que la construcción palestina se considera un impedimento para los asentamientos israelíes, lo que requiere medidas como la confiscación, la demolición y el desplazamiento. La Comisión también observó procesos similares en Jerusalén Este, donde los regímenes restrictivos de planificación y zonificación, que han obstruido la vivienda, la infraestructura y los medios de subsistencia adecuados, han contribuido a reducir el espacio para los palestinos.
El informe también señala las políticas del gobierno israelí que han tenido un impacto grave y multifacético en todas las áreas de la vida palestina, incluido el acceso a agua limpia y asequible, que ha impactado en todo el sector agrícola palestino, limitando las oportunidades de medios de vida que afectan particularmente a las mujeres.
“Hay tanto ‘daño silencioso’ y trauma psicológico que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia”, dijo el comisionado Miloon Kothari.
La Comisión dedicó una parte importante de su informe a revisar el impacto de las políticas de ocupación y anexión de facto de Israel en los derechos humanos de los palestinos, y señaló el entorno coercitivo destinado a obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y alterar la composición demográfica de ciertas áreas. En este sentido, la Comisión revisó la demolición de viviendas y destrucción de bienes, el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el encarcelamiento masivo, la violencia de los colonos, las restricciones de movimiento y las limitaciones en el acceso a medios de vida, necesidades básicas, servicios y asistencia humanitaria.
La Comisión enfatizó que este entorno coercitivo continuo ha fragmentado a la sociedad palestina y ha asegurado que los palestinos no puedan ejercer su derecho a la autodeterminación, entre otros derechos. La Comisión también tomó nota del impacto extremadamente dañino del bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de Gaza en los derechos humanos de los palestinos.
El informe describe un impacto específicamente dañino en los niños, que experimentan una presencia militar constante, arrestos y detenciones, frecuentes ataques y actos de violencia, restricciones de movimiento, demolición de viviendas y destrucción de infraestructura y propiedad. La Comisión enfatizó que los efectos acumulativos de las prácticas de ocupación, incluidas las restricciones de movimiento, han tenido un efecto discriminatorio generalizado sobre las mujeres palestinas, y señaló que experimentan violencia de género durante sus actividades cotidianas.
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del Gobierno de Israel que conducen a la ocupación permanente y la anexión de facto pueden constituir elementos de crímenes de derecho penal internacional, incluido el crimen de guerra de transferir, directa o indirectamente, parte de los bienes propios población civil al territorio ocupado, y el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso.
“Las acciones de los gobiernos israelíes reseñadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse”, afirmó el comisionado Chris Sidoti. “El sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia”, agregó.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó a la Comisión el 27 de mayo de 2021 que “investigue, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos que condujeron a y desde el 13 de abril de 2021”. En julio de 2021, el presidente del Consejo de Derechos Humanos anunció el nombramiento de Navanethem Pillay (Sudáfrica), Miloon Kothari (India) y Christopher Sidoti (Australia) para servir como los tres miembros de la Comisión e indicó que Pillay se desempeñaría como presidente. La resolución A/HRC/RES/S-30/1 solicitó además a la comisión de investigación que “investigue todas las causas fundamentales subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en motivos nacionales, étnicos, identidad racial o religiosa”. La Comisión de Investigación recibió el mandato de informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General anualmente a partir de junio de 2022 y septiembre de 2022, respectivamente.
Los Comisionados presentarán su informe a la Asamblea General el 27 de octubre.
Más información en: https://news.un.org/es/story/2022/10/1516277
