Jerusalén, 29 jul (EFE).- El Tribunal Supremo israelí ordenó hoy la demolición de dos edificios construidos ilegalmente por los colonos de Bet El sobre una propiedad privada palestina, en Cisjordania ocupada, en una decisión que sigue a dos días de protestas de la derecha nacionalista y violentos choques con la Policía.
La decisión la tomaron hoy los jueces en respuesta a un recurso presentado por los colonos para permitirles obtener retroactivamente los permisos de construcción requeridos por el Gobierno, que ayer, a través de su asesor legal, Yehuda Weinstein, apoyó la petición para evitar un cisma en la coalición parlamentaria.
«El destino del recurso es ser rechazado de plano», dijeron los jueces, que no vieron en los alegatos de los demandantes base judicial sostenible para legalizar la construcción de forma retroactiva.
Los dos edificios, que albergan 24 viviendas, está aún en construcción, y el pasado viernes el mismo tribunal ordenó paralizar las obras hasta decidir su futuro.
La madrugada del lunes al martes la Policía de Fronteras desalojó a cientos de colonos que se habían atrincherado en ellos, lo que provocó un ola de protestas durante toda la jornada que seguía hoy con una acampada alrededor de los edificios.
Miriam Naor, presidenta de la más alta instancia judicial del país, dictaminó que no hay lugar para seguir adelante con el proceso de legalización retroactiva y que el destino de las viviendas es la «demolición».
«Las actividades de los demandantes estaban destinadas a cambiar un fallo anterior, y la aceleración del proceso de planificación no justifica la desviación del fallo original», subrayó la magistrada.
Según el servicios de noticias Ynet, la demolición podría realizarse mañana mismo o en unos días.
La polémica alrededor de ambos inmuebles llegó al Tribunal Supremo, reunido en calidad de Tribunal Constitucional, de la mano de la ONG Yesh Din (Hay ley), que demandó la devolución de las tierras sobre las que están construidos a su propietario palestino.
Abdelrahmán Kasem, de la vecina aldea de Durat Al Kara, vio confiscadas sus tierras hace ya treinta años por el Ejército israelí, que alegó «necesidades de seguridad».
Según la legislación israelí, en el caso de no darles uso, el Ejército debe restituirlas a su propietario y, en ningún caso, transferirlas a otros, sean palestinos o judíos.
En 2010, en una decisión que entonces no contaba con el apoyo del Gobierno israelí, los colonos de Bet El se apropiaron del terreno y comenzaron a levantar los edificios.
Ayer, en una visita a Bet El, el ministro de Agricultura, Uri Ariel, amenazó con abandonar el Gobierno que preside Benjamín Netanyahu, si los dos inmuebles son destruidos, lo que podría hacerle perder la mayoría parlamentaria.
El movimiento colonizador judío, que lleva semanas quejándose de que Netanyahu ha impuesto una congelación de facto de la construcción en el territorio ocupado de Cisjordania para satisfacer a la comunidad internacional, ha convertido el futuro de las viviendas en un auténtico casus belli.
Fuente: EFE
