Human Rights Watch, 21/11/2014
Israel: Basta ya de punitivas demoliciones de viviendas
Esta política equivale a un castigo colectivo, potencial Crimen de Guerra
22 DE NOVIEMBRE 2014
(Jerusalén) – Israel debe establecer un cese inmediato de su política de demolición de las casas de las familias de palestinos sospechosos de llevar a cabo ataques contra israelíes. La política, que según los funcionarios israelíes es disuasoria, castiga deliberadamente e ilegalmente a personas que no están acusadas por ningún delito. Cuando se lleva a cabo en un territorio ocupado, incluida Jerusalén Este, equivale a un castigo colectivo, que es un crimen de guerra.
En al menos cinco ocasiones en 2014, las autoridades israelíes han demolido o clausurado los hogares familiares de palestinos sospechosos de matar israelíes, dejando a decenas de personas sin hogar. El 19 de noviembre de 2014, las fuerzas israelíes utilizaron explosivos para destruir la casa de la familia de un hombre de Jerusalén Oriental que atropelló y mató a una niña e hirió mortalmente a una mujer el 22 de octubre. Las autoridades israelíes han dicho que van a demoler siete hogares más de familiares de palestinos sospechosos de matar a israelíes, entre ellos cinco viviendas en Jerusalén Este.
«Las demoliciones de casas como punición son descaradamente ilegales». Dijo Joe Stork, subdirector de Medio Oriente, y África del Note. «Israel debe procesar, condenar y castigar a los criminales, y no llevar a cabo la destrucción vengativa que perjudica a familias enteras.»
El ejército israelí puso fin a una anterior política de demoliciones punitivas de viviendas en 1998, pero la reinstauró después del comienzo de la segunda Intifada palestina en 2000. De 2000 a 2005 las fuerzas israelíes destruyeron, a modo de castigo, más de 650 viviendas palestinas, desplazando a más de 4.000 personas, según datos relevados por B’Tselem, una organización israelí de derechos humanos. En 2009, las fuerzas israelíes punitivamente demolieron y clausuraron las casas de familias de palestinos que mataron a israelíes.
Tras el más reciente ataque contra los israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el 18 de noviembre que había «ordenado la demolición de las casas» de dos hombres a quienes llamó «animales humanos» que ese día habían matado a cinco civiles durante un ataque a una sinagoga: los rabinos Aryeh Kupinsky, Kalman Levine, Moshe Twersky, y Avraham Shmuel Goldberg, y el oficial de policía Zidan Saif. Las fuerzas israelíes respondieron al ataque matando a los asaltantes, los primos Uday y Ghassan Abu Jamal, de Jerusalén Este. Human Rights Watch condenó el ataque, del cual un grupo armado palestino se atribuyó la responsabilidad.
El 18 de noviembre las fuerzas israelíes detuvieron a 10 de los familiares de los hombres y 8 de ellos fueron liberados al día siguiente, según dijeron a HRW, funcionarios de la Asociación Addameer para la defensa de los derechos de los prisioneros palestinos.
Portavoces israelíes sostienen que bajo la ley israelí, las familias palestinas pueden oponerse a las órdenes de las demoliciones punitivas dentro de las 48 horas y luego apelar a la Corte Suprema de Israel. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Israel se ha negado a aplicar la prohibición absoluta en el derecho internacional consuetudinario contra el castigo colectivo a la población civil en territorio ocupado cuando dictaminó sobre peticiones contra las demoliciones punitivas de viviendas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en lugar de esto reclaman que las demoliciones podrían ser justificadas como «proporcionadas» si compensan la necesidad de disuadir a otros palestinos de llevar a cabo ataques. El ejército suspendió las demoliciones punitivas en 2005 por recomendación de un estudio realizado por una comisión militar que determinó que la política no hizo nada para impedir los ataques palestinos contra israelíes.
El 7 de agosto, el tribunal rechazó una apelación de HaMoked, un grupo de derechos humanos israelí que citó la prohibición del derecho internacional contra la demolición punitiva planificada. El tribunal dictaminó que esas demoliciones eran una forma legal de «disuasión» bajo la Reglamentación (de emergencia) de la Defensa Británica de 1945, que Israel lo incorporó en su legislación. Asimismo, los peticionarios argumentaron que la aplicación de los reglamentos de Israel es discriminatoria, ya que las fuerzas israelíes no han destruido las casas familiares de israelíes que mataron a palestinos. El veredicto declaró que el ultimo fenómeno era «extremadamente excepcional» y dictaminó que los peticionarios no habían demostrado que los militares habían discriminado en determinar cuáles casas debían ser demolidas, lo cual «está situado en el corazón de [su] criterio».
El 30 de junio, en la ciudad cisjordana de Hebrón, el ejército israelí detonó explosivos en las casas familiares de dos hombres sospechosos del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes el 11 de junio.
El 18 de agosto las fuerzas militares destruyeron por completo las dos casas, y clausuraron la de un tercer sospechoso, dejándola inhabitable. El 2 de julio, en Cisjordania, los militares utilizaron explosivos para destruir la casa de un palestino acusado de matar a un oficial de seguridad israelí en 2013. En total, las acciones militares desplazaron 29 residentes de los cuatro hogares, según datos de la ONU.
Un portavoz israelí, Mark Regev, contó a The New York Times el 19 de noviembre que las demoliciones de las casas de familias de palestinos que atacaron a israelíes son procedimientos necesarios para contrarrestar «una cultura de apoyo dentro de la sociedad palestina» a este tipo de ataques, incluido el apoyo financiero a las familias de los atacantes. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe en absoluto los castigos colectivos, incluyendo el daño intencional a los familiares de los delincuentes. Por otra parte, el informe militar israelí de 2005 señaló que las demoliciones punitivas de viviendas aumentaron la hostilidad hacia Israel. Justificando el castigo de las personas que no son responsables de un acto criminal, sino sólo porque podrían «apoyar», esto sentaría un precedente peligroso que podría volverse en contra de los israelíes.
El derecho internacional aplicable a los territorios ocupados ha prohibido el castigo colectivo desde, por lo menos, los Reglamentos de La Haya de 1899. Los tribunales de todo el mundo han considerado la imposición de castigos colectivos como un crimen de guerra.
«El primer ministro Netanyahu debe rechazar la política de demolición de viviendas punitivas», dijo Stork. «Es un principio básico del derecho que una persona no debe ser castigada por el crimen de otro.»
