22 de octubre de 2020
Traducción no oficial
RAMALLAH- Jueves 22, 2020 – Durante la segunda mitad del 2020, la ONG de derechos humanos Al-Haq informó que se ha registrado un incremento significativo de las demoliciones por parte de la ocupación israelí de propiedades palestinas los territorios ocupados.
Mientras que el promedio de propiedades palestinas en ser demolidas por autoridades israelíes fue de 31 durante los primeros seis meses de este año, lo últimos tres meses – julio, agosto y septiembre- se evidenció un promedio de 59 demoliciones cada mes. En total, 186 propiedades palestinas fueron demolidas en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) durante el primer semestre del año, mientras que 177 propiedades fueron demolidas en el período julio-septiembre. Cabe mencionar que 62 de las 177 demoliciones sucedieron en la ocupada Gobernación de Jerusalén.
En 2018 y 2019, los promedios de demolición de propiedades palestinas fueron de 22 y 30, respectivamente. La aceleración de demoliciones reportadas por Al-Haq se dan en virtud del continuo incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo del Derecho Internacional, así como sus planes continuos de expandir su colonización a través de la anexión de jure de más territorios palestinos, todo ello llevado a cabo en el contexto del fracaso de la Comunidad Internacional en responsabilizar a Israel por sus crímenes, mismos que incluyen el crimen de guerra de destrucción masiva de bienes no justificada por necesidad militar.
Israel usa varios pretextos para justificar sus políticas de demolición, incluyendo el pretexto de que varias estructuras han sido construidas sin contar con los permisos necesarios. No obstante, como potencia ocupante, Israel tiene prohibida la demolición de propiedad palestina protegida, a menos de esté estrictamente justificado por una necesidad militar. Según Al-Haq, la extensa destrucción de propiedad llevada a cabo por Israel sin necesidad militar constituye una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede significar un crimen de guerra.
Además, esta política de demolición ilegal de edificios y estructuras palestinas, junto con muchas otras políticas y acciones igualmente ilegales, revela la intención de Israel de trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas de sus hogares. La construcción y expansión de asentamientos, la explotación de los recursos naturales, la restricción del movimiento y el acceso, la aplicación de una política de planificación discriminatoria y la virtual imposibilidad de obtener permisos de construcción crean un entorno coercitivo para los palestinos, que equivale a una transferencia forzosa directa e indirecta, prohibida por el Cuarto Convenio de Ginebra y que puede constituir un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.
Además, tras la demolición y destrucción de sus propiedades, el pueblo palestino se ve privado de su derecho a desarrollar sus recursos y, en última instancia, se le niega el ejercicio de su derecho a la libre determinación.
Al-Haq señaló que las demoliciones ilustran aún más la participación y complicidad de las empresas comerciales en la política de demolición ilegal de Israel. Considerando que las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y llevar a cabo un proceso mejorado de diligencia debida en materia de derechos humanos para evitar causar o contribuir a violaciones graves de los derechos humanos a través de sus propias actividades en áreas afectadas por conflictos, corporaciones como Volvo, Caterpillar, Hyundai, e Hidromek han estado vendiendo sus equipos sabiendo que serían utilizados para demoler ilegalmente propiedades palestinas y, por lo tanto, podrían ser cómplices de crímenes de guerra perpetrados directamente por las fuerzas israelíes, dijo.
Fuente: WAFA
