Foto: un asentamiento colonial israelí (foto de archivo)
BELÉN, domingo 13 de marzo de 2021 (WAFA) – Las autoridades de ocupación israelíes aprobaron hoy un plan con el objetivo de apoderarse de docenas de dunams de tierra palestina en la provincia ocupada de Belén en Cisjordania, según Hasan Brejiyeh, director de la oficina del Muro y la Resistencia a la Colonización. en Belén.
Dijo a WAFA que las autoridades de ocupación israelíes ordenaron la confiscación de grandes extensiones de tierra de propiedad palestina fuera del asentamiento ilegal de Bitar Illit a favor de la construcción y expansión de asentamientos coloniales.
Señaló además que la tierra que se confiscará se utilizará para abrir carreteras exclusivas para colonos y construir nuevas unidades de vivienda para la población de colonos israelíes.
Hay más de 700.000 colonos israelíes que viven en asentamientos solo para judíos en Cisjordania en violación del derecho internacional, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe expresamente la reubicación de la población civil de la nación ocupante en la tierra de los ocupados.
Según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, Israel ha utilizado un complejo mecanismo legal y burocrático para tomar el control de más tierras palestinas en Cisjordania.
La principal herramienta utilizada para tomar el control de la tierra es declararla «tierra estatal». Este proceso se inició en 1979 y se basa en una aplicación manipuladora de la Ley de tierras otomanas de 1858. Otros métodos empleados por Israel para tomar el control de la tierra incluyen la incautación para necesidades militares, la declaración de tierras como «bienes abandonados» y la expropiación de tierras para las necesidades públicas.
Foto: un anciano palestino se sienta mientras los soldados de ocupación israelíes desmantelan estructuras residenciales en la comunidad Humsa Al-Baqaia / WAFA Images
NUEVA YORK, domingo 28 de febrero de 2021 (WAFA) – Las Naciones Unidas y los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU han pedido al estado ocupante de Israel que detenga las demoliciones de comunidades beduinas en el Valle del Jordán y permita el acceso humanitario a la comunidad de Humsa Al-Baqaia.
En una declaración conjunta al final de una sesión mensual del Consejo de Seguridad sobre el conflicto en el Medio Oriente; Estonia, Francia, Irlanda, Noruega y Gran Bretaña dijeron que estaban “profundamente preocupados por las recientes demoliciones y confiscaciones repetidas de artículos, incluyendo Estructuras financiadas por la UE y por donantes, realizadas por las autoridades israelíes en Humsa Al-Bqaia en el Valle del Jordán «.
Dijeron que la preocupación también se centró en las 70 personas que viven en la comunidad beduina de Humsa Al-Baqaia, incluidos 41 niños.
«Reiteramos nuestro llamado a Israel para que detenga las demoliciones y confiscaciones», agregó la declaración, leída por el embajador de Estonia, Sven Jürgenson. «Además, pedimos a Israel que permita un acceso humanitario pleno, sostenido y sin obstáculos a la comunidad de Humsa Al-Baqaia ”.
La declaración continuó: «Recordamos nuestra firme oposición a la política de asentamientos de Israel y las medidas adoptadas en ese contexto, como traslados forzosos, desalojos, demoliciones y confiscaciones de viviendas y bienes humanitarios, que son ilegales según el derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, y son un impedimento para una solución viable de dos estados «.
Constituyendo un tercio del área de la Cisjordania ocupada, el Valle del Jordán alberga a aproximadamente a 60.000 palestinos, pero casi el 90 por ciento de la tierra es parte de la llamada Área C, las tres quintas partes de Cisjordania que es bajo completo control israelí.
Incluye áreas militares cerradas y alrededor de 50 asentamientos israelíes que albergan a unos 12.000 colonos israelíes coloniales.
Foto: un soldado de ocupación israelí apunta con su arma a una ambulancia palestina en Cisjordania.
Traducción no oficial
JERUSALÉN, lunes 1 de febrero de 2021 (WAFA)
En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 59 ataques israelíes contra la atención médica palestina en el territorio palestino ocupado, según el último informe de la OMS sobre acceso a la salud en los territorios ocupados.
De estos, el 42 por ciento (25) involucró obstrucción a la prestación de servicios de atención médica, incluidos 12 incidentes de obstrucción del acceso de ambulancias para llegar a personas que habían resultado heridas de muerte.
Mientras tanto, el 61% de los incidentes (36) involucraron violencia física contra trabajadores de salud, ambulancias e instalaciones de salud, y seis incidentes involucraron la detención de trabajadores de salud, ambulancias, pacientes y acompañantes de pacientes.
Durante los últimos tres meses de 2020, la OMS registró 15 ataques sanitarios en el territorio palestino ocupado. De estos, siete involucraron agresiones físicas contra trabajadores de salud, ambulancias e instalaciones de salud, y nueve involucraron obstrucciones a la prestación de atención médica, incluidos cinco incidentes de obstrucción del acceso de los equipos de salud a personas con heridas mortales.
El 24 de noviembre, un equipo de paramédicos de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) se encontraba cerca del puesto de control de Tayaseer en el norte del Valle del Jordán – zona de Tubas en Cisjordania, proporcionando primeros auxilios a las personas heridas durante los enfrentamientos. El equipo de PRCS fue atacado físicamente cuando intentaron brindar primeros auxilios a una persona que sufrió una herida abdominal por una herida con una bala recubierta de goma.
Varios soldados israelíes intentaron subir a la ambulancia y arrestar a la persona herida por la fuerza, sin la compañía de personal médico. Además de esto, se dispararon botes de gas lacrimógeno contra la ambulancia durante los enfrentamientos, mientras el equipo de la MLRP brindaba servicios médicos de emergencia a los heridos dentro de la ambulancia.
El 11 de diciembre, un paramédico que trabajaba con la Sociedad Palestina de Socorro Médico (PMRS) fue golpeado con la culata de una pistola y pateado mientras brindaba primeros auxilios a las personas heridas en enfrentamientos durante una manifestación celebrada para protestar por la expansión de un asentamiento y la confiscación de tierras. cerca de la aldea de Kufr Malek en Cisjordania.
Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres .
Traducción no oficial
NUEVA YORK, martes 19 de enero de 2021 (WAFA) – El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación por la decisión israelí de expandir los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados, según el portavoz del SGNU.
«El Secretario General está profundamente preocupado por la decisión de las autoridades israelíes de avanzar en los planes para unas 800 unidades de asentamiento, la mayoría de las cuales se encuentran en las profundidades de la Cisjordania ocupada», dijo el portavoz.
El Secretario General reitera que el establecimiento por Israel de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez jurídica y constituye una violación flagrante del derecho internacional.
«La expansión de los asentamientos aumenta el riesgo de confrontación, socava aún más el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y erosiona aún más la posibilidad de poner fin a la ocupación y establecer un Estado palestino soberano contiguo y viable, basado en las líneas anteriores a 1967». Guterres instó a Israel a «detener y revertir tales decisiones, que son un gran obstáculo para el logro de la solución de dos Estados, y una paz justa, duradera y amplia», concluyó el vocero.
RAMALLAH- Jueves 22, 2020 – Durante la segunda mitad del 2020, la ONG de derechos humanos Al-Haq informó que se ha registrado un incremento significativo de las demoliciones por parte de la ocupación israelí de propiedades palestinas los territorios ocupados.
Mientras que el promedio de propiedades palestinas en ser demolidas por autoridades israelíes fue de 31 durante los primeros seis meses de este año, lo últimos tres meses – julio, agosto y septiembre- se evidenció un promedio de 59 demoliciones cada mes. En total, 186 propiedades palestinas fueron demolidas en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) durante el primer semestre del año, mientras que 177 propiedades fueron demolidas en el período julio-septiembre. Cabe mencionar que 62 de las 177 demoliciones sucedieron en la ocupada Gobernación de Jerusalén.
En 2018 y 2019, los promedios de demolición de propiedades palestinas fueron de 22 y 30, respectivamente. La aceleración de demoliciones reportadas por Al-Haq se dan en virtud del continuo incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones bajo del Derecho Internacional, así como sus planes continuos de expandir su colonización a través de la anexión de jure de más territorios palestinos, todo ello llevado a cabo en el contexto del fracaso de la Comunidad Internacional en responsabilizar a Israel por sus crímenes, mismos que incluyen el crimen de guerra de destrucción masiva de bienes no justificada por necesidad militar.
Israel usa varios pretextos para justificar sus políticas de demolición, incluyendo el pretexto de que varias estructuras han sido construidas sin contar con los permisos necesarios. No obstante, como potencia ocupante, Israel tiene prohibida la demolición de propiedad palestina protegida, a menos de esté estrictamente justificado por una necesidad militar. Según Al-Haq, la extensa destrucción de propiedad llevada a cabo por Israel sin necesidad militar constituye una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede significar un crimen de guerra.
Además, esta política de demolición ilegal de edificios y estructuras palestinas, junto con muchas otras políticas y acciones igualmente ilegales, revela la intención de Israel de trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas de sus hogares. La construcción y expansión de asentamientos, la explotación de los recursos naturales, la restricción del movimiento y el acceso, la aplicación de una política de planificación discriminatoria y la virtual imposibilidad de obtener permisos de construcción crean un entorno coercitivo para los palestinos, que equivale a una transferencia forzosa directa e indirecta, prohibida por el Cuarto Convenio de Ginebra y que puede constituir un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Además, tras la demolición y destrucción de sus propiedades, el pueblo palestino se ve privado de su derecho a desarrollar sus recursos y, en última instancia, se le niega el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Al-Haq señaló que las demoliciones ilustran aún más la participación y complicidad de las empresas comerciales en la política de demolición ilegal de Israel. Considerando que las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y llevar a cabo un proceso mejorado de diligencia debida en materia de derechos humanos para evitar causar o contribuir a violaciones graves de los derechos humanos a través de sus propias actividades en áreas afectadas por conflictos, corporaciones como Volvo, Caterpillar, Hyundai, e Hidromek han estado vendiendo sus equipos sabiendo que serían utilizados para demoler ilegalmente propiedades palestinas y, por lo tanto, podrían ser cómplices de crímenes de guerra perpetrados directamente por las fuerzas israelíes, dijo.
