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• En el norte del Valle del Jordán, el 9 de noviembre de 2017, el Estado notificó a dos comunidades, Umm a-Jamal y Ein al-Hilweh, que deben abandonar sus hogares dentro de los ocho días. Estas comunidades suman un total de 20 familias, cinco de las cuales viven en el área de manera estacional. El número total de residentes es 130, incluidos 66 jóvenes y niños menores de 18 años.
• En la zona de Ma’ale Adumim, el 16 de noviembre de 2017, el estado informó a los residentes de Jabal al-Baba que deben abandonar sus hogares dentro de los ocho días. Esta comunidad cuenta con aproximadamente 60 familias y tiene un total de 284 residentes, incluidos 151 jóvenes y niños menores de 18 años.

Israel ha actuado durante años para expulsar a las comunidades de Cisjordania. En el pasado, sus esfuerzos se basaban principalmente en órdenes militares relacionadas con la planificación y la construcción. Sin embargo, los procedimientos relativos a tales órdenes son prolongados y requieren el mapeo preciso de la tierra y los edificios, así como la emisión de órdenes de demolición separadas para cada edificio.

Ahora el estado ha encontrado un nuevo mecanismo que espera le permita eludir tales procedimientos y acelerar la expulsión de los residentes: la Orden sobre Edificios No Autorizados (Disposición Temporal) (Judea y Samaria) (No. 1539), 5744-2003. » el orden fue originalmente destinado a la expulsión de colonos de «puestos de avanzada» establecidos alrededor de Cisjordania, aunque el estado muy raramente lo usó para este propósito. La orden permite al Comandante Militar declarar un área en Cisjordania como un «área confinada» y ordenar el desalojo de todas las propiedades en esa área. Sobre la base de esta orden, el comandante general del Comando Central de Congo, Roni Numa, firmó las nuevas órdenes relativas a las comunidades palestinas.

Parece que Israel tiene tanta confianza en su capacidad para expulsar pueblos enteros sin incurrir en críticas judiciales o internacionales que ya no se molesta en crear siquiera la ilusión de procedimientos legales. Sin embargo, la diferencia entre los procedimientos es puramente técnica. Los procedimientos de planificación y construcción nunca detuvieron al estado; incluso si lograron posponer la expulsión, nunca eliminaron la amenaza de expulsión de miles de personas. Durante muchos años, miles de palestinos en docenas de comunidades han vivido bajo una amenaza constante y real.

El Estado ha declarado recientemente su intención de expulsar a dos comunidades adicionales en los próximos meses: Susiya en el sur de Hebron Hills y Khan al-Ahmar cerca de Ma’ale Adumim. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció que ante la ausencia de oposición de la Administración estadounidense, estas comunidades serán expulsadas para abril de 2018. Los procedimientos de expulsión contra estas comunidades han continuado durante años ante la Corte Suprema, que se abstuvo de prohibir su expulsión.

Independientemente de los procedimientos utilizados por el Estado en su intento de expulsar a los residentes palestinos de sus hogares, el crimen es el mismo: el traslado forzoso de una población protegida, lo que equivale a un crimen de guerra. Este es el caso si la violencia utilizada es directa o indirecta, física o administrativa. Ya sea que la expulsión se realice por la fuerza o creando una realidad intolerable que obligue a los residentes a abandonar sus hogares y su tierra, la esencia es la misma. Todos los involucrados en la comisión de este delito, incluido el Primer Ministro, el Ministro de Defensa, los jueces que aprueban la expulsión y el GOC que firma las órdenes, tienen responsabilidad personal.