Categoría: Agresiones israelíes

Traducción no oficial

GINEBRA, lunes 25 de enero de 2021 (WAFA)

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos (Euro-Med) pidió que se ponga fin a la tragedia del bloqueo de Gaza desde hace 15 años; destacando que los arreglos actuales para la celebración de elecciones generales palestinas requieren serias garantías internacionales de que el bloqueo terminará sin condiciones relacionadas con los resultados de las elecciones.

En su informe anual sobre las repercusiones del bloqueo de Gaza, titulado «Asfixia y aislamiento: 15 años de bloqueo israelí en Gaza», Euro-Med Monitor examinó los efectos del bloqueo israelí en la vida de los habitantes de Gaza. El informe compara las condiciones de vida de los habitantes de Gaza antes del bloqueo, por un lado, y la situación actual (15 años después) por el otro.

El informe confirma que durante la última década, las pérdidas económicas per cápita en Gaza han alcanzado alrededor de US$ 9.000 debido al cierre a largo plazo y las operaciones militares a las que también está sujeta la Franja de Gaza. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado el 25 de noviembre de 2020 concluyó que el costo económico de la ocupación israelí en la Franja de Gaza durante la última década se estima en $16.700 millones.

Noura Erakat, miembro del Consejo de Administración de Euro-Med Monitor, dijo: «Ahora estamos entrando en 2021, el decimoquinto año del bloqueo naval y el asedio terrestre de Israel, y la comunidad mundial parece imperturbable por las condiciones inhabitable en el pequeño enclave costero o el hecho de que toda una generación ha crecido aislada del mundo, salvo por su contacto con tecnologías de armas avanzadas que les caen encima desde los cielos de Gaza».

«Estas condiciones son inconcebibles y no tienen justificación moral, legal o política. El asedio debe terminar sin condiciones previas y condenado a una historia de atrocidades que nunca más se repetirá». El informe indicó que la tasa de desempleo en la Franja de Gaza todavía se encuentra entre las más altas del mundo. Después de alcanzar el 23,6% en 2005, en 2020 alcanzó el 49%, mientras que la participación per cápita del PIB se redujo en un 27%.

Las tasas de pobreza también aumentaron del 40% en 2005 al 56% en 2020. La brecha de pobreza también aumentó del 14% al 20%, y el costo de sacar a la población de Gaza de la pobreza se cuadruplicó, de US $209 millones a US $838 millones.

El informe indicó que en 2020 la tasa mensual de camiones de mercancías que ingresaron a la Franja de Gaza fue de aproximadamente 7.000. Este número no es suficiente para la mitad de las necesidades de Gaza, teniendo en cuenta el aumento de población desde 2005 y el número de camiones que ingresaron ese año.

Fuente: WAFA

Traducción no oficial

JERUSALÉN, martes 19 de enero de 2021 (WAFA) – Si bien hubo una ligera disminución en la demolición israelí de estructuras de propiedad palestina en Cisjordania y Jerusalén Este durante diciembre en comparación con otros meses del año pasado, el 2020 marca un pico en el aumento en demoliciones y desplazamientos palestinos en los últimos 4 años, incluidos incidentes que afectaron estructuras financiadas por donantes, de acuerdo a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el territorio palestino ocupado.

Según el informe titulado «Demoliciones y desplazamiento de Cisjordania: diciembre de 2020», las autoridades de ocupación israelíes demolieron, obligaron a la gente a demoler o incautaron 67 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluída Jerusalén Oriental, lo que provocó el desplazamiento de 50 personas, incluídos 30 niños, afectando los medios de subsistencia o el acceso a los servicios de más de 400 personas.

Todas las estructuras afectadas estaban ubicadas en la Zona C de la ocupada Cisjordania o Jerusalén Oriental y habrían sido atacadas debido a la falta de permisos de construcción israelíes, casi imposibles de obtener para los palestinos.

Siete de las estructuras ubicadas en tres comunidades de la Zona C se habían proporcionado como asistencia humanitaria internacional por un costo total de más de 14.000 euros.

En uno de los incidentes más grandes, que tuvo lugar en la comunidad beduina de Ras ‘Ein al’ Auja en la zona de Jericó, las autoridades israelíes incautaron sin previo aviso, siete estructuras incluídas tres viviendas en construcción y cuatro estructuras relacionadas con medios de subsidtencia, afectando a 45 personas.

Se atacaron cinco estructuras adicionales en tres comunidades beduinas de la Gobernación de Jerusalén, ubicadas alrededor de la zona planificada para un gran proyecto de asentamiento (plan «E1»). El plan, actualmente en su etapa de aprobación final, implica la construcción de 3.500 unidades de vivienda, lo que coloca a 18 comunidades beduinas palestinas en un mayor riesgo de expulsión forzosa.

Además, en el norte del Valle del Jordán (Hammamat al Maleh), un jardín de infantes financiado por donantes que atiende a varias comunidades beduinas recibió una orden de demolición.

También en la Zona C, junto a la aldea de Suba en la zona de Hebrón, las autoridades israelíes arrasaron unos 30 dunums de tierras agrícolas, alegando que la zona había sido declarada «tierra estatal». Como resultado, se destruyeron las terrazas agrícolas y las cercas circundantes, y se arrancaron unos 930 olivos, viñedos, almendros y cactus, lo que socavó los medios de vida de ocho familias.

El número acumulado de estructuras demolidas o incautadas en 2020 (849) en Cisjordania, incluída Jerusalén Oriental, y el número de palestinos desplazados como resultado (996) son los mayores desde 2016. El número de estructuras financiadas por donantes internacionales afectadas en 2020 (156) también es el más alto desde 2016.

Los compromisos asumidos por las autoridades israelíes para detener la demolición de viviendas habitadas durante la crisis de COVID-19 se han ignorado en gran medida, dijo el informe de OCHA. Junto con los repetidos ataques a las instalaciones de agua y saneamiento, estas prácticas han socavado la capacidad de familias ya vulnerables para hacer frente de manera adecuada a la pandemia.

Una de las principales tendencias observadas en 2020 fue el aumento del uso de órdenes militares y otras semejantes, que impiden o limitan la capacidad de los palestinos para impugnar legalmente los ataques contra sus hogares y fuentes de sustento en los tribunales israelíes.

En el Área C, el 30% de las estructuras afectadas en 2020 (202 de 666) fueron incautadas sin previo aviso, frente al 11% en 2017 y el 8% en 2016. Otro 13% de las estructuras en el Área C (88) fueron demolidas sobre la base de la Orden Militar 1797, que proporciona un aviso de 96 horas y motivos muy limitados para impugnar legalmente una demolición.

En Jerusalén Oriental hubo un aumento importante en la proporción de estructuras demolidas por sus propietarios, luego de la emisión de órdenes de demolición, que alcanzaron el 47% en 2020, frente a un promedio del 23% en los cuatro años anteriores. Esto se atribuye a la nueva legislación israelí, que limitó la autoridad de los tribunales israelíes para intervenir y permitió a la Municipalidad Israelí de Jerusalén Occidental ejercer presión sobre las familias afectadas para que demolieran sus propiedades por sí mismas.

Fuente: WAFA

Traducción no oficial

NABLUS, lunes 18 de enero de 2021 (WAFA) – Hala Mashhour al-Qat, de 11 años, de la aldea de Madama, al sur de la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, se sentó en su cama en la sala de emergencias del Hospital del Gobierno de Rafidya con los efectos de la conmoción y el ataque aún visibles en su rostro.

Hala, estudiante de quinto grado, fue atacada por un grupo de colonos israelíes cuando invadieron la aldea de su familia el domingo por la noche, causándole moretones y cortes en la cara mientras los colonos intentaban secuestrarla. Sus gritos y llamadas de auxilio y la rápida intervención de su tío y su madre evitaron milagrosamente su secuestro y su probable asesinato.

Hala se dirigía de su casa a la de su tío, ubicada a pocos metros de distancia, para estudiar para un examen escolar de estudios islámicos programado para el día siguiente, según contó a WAFA.

“Mientras salía de casa, me sorprendió un grupo de colonos.
Uno de ellos empezó a tirarme piedras y me golpearon en la cara. No podía ver nada y comencé a gritar y a pedir ayuda a mi madre y a mis tíos. Vinieron rápidamente y pudieron rescatarme», dijo Hala, aún temblando por la horrible experiencia.

Hala, sentada en su cama de hospital, tenía dificultades para seguir hablando debido al dolor en la boca y los dientes, pero su estado de salud es estable a pesar de los cortes y hematomas en la nariz y la boca reportados por los médicos.

Esta no es la primera vez que los colonos israelíes atacan a Madama y las aldeas circundantes. Atacan casas con piedras y atacan a la gente, especialmente en las áreas cercanas al asentamiento ilegal de Yitzhar, conocido por albergar a colonos judíos extremistas.

El padre de Hala, Mashhour, dijo que mientras estaba en el trabajo, alrededor de las tres en punto, recibió una llamada telefónica de su esposa diciéndole que regresara a casa inmediatamente después de que unos 20 matones colonos atacaran su casa.

«No me di cuenta de lo que estaba pasando pero mis hermanos me dijeron que mi hija Hala estaba herida, por lo que fui inmediatamente al hospital donde Hala estaba recibiendo tratamiento», dijo a WAFA, explicando que los colonos también han herido a su esposa en el pie mientras intentaba liberar a su hija de los colonos y que algunas ventanas de su casa estaban rotas.

«Vivimos bajo un terror constante», dijo, y explicó que su casa está a unos tres kilómetros del asentamiento de Yitzhar. «Nuestras casas y propiedades están bajo constante ataque de los colonos».
Ghassan Douglas, que monitorea las actividades de asentamiento israelí en el norte de Cisjordania, dijo que los colonos atacaron la casa de la familia al-Qat, ubicada en la sección sureste de la aldea, con piedras y rompieron sus ventanas, lo que provocó la lesión de Hala, hiriéndole la cabeza y la cara mientras intentaban secuestrarla.

Fuente: WAFA

Traducción no oficial

JERUSALÉN, martes 19 de enero de 2021 (WAFA) – Si bien hubo una ligera disminución en la demolición israelí de estructuras de propiedad palestina en Cisjordania y Jerusalén Este durante diciembre en comparación con otros meses del año pasado, el 2020 marca un pico en el aumento en demoliciones y desplazamientos palestinos en los últimos 4 años, incluidos incidentes que afectaron estructuras financiadas por donantes, de acuerdo a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el territorio palestino ocupado.

Según el informe titulado «Demoliciones y desplazamiento de Cisjordania: diciembre de 2020», las autoridades de ocupación israelíes demolieron, obligaron a la gente a demoler o incautaron 67 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluída Jerusalén Oriental, lo que provocó el desplazamiento de 50 personas, incluídos 30 niños, afectando los medios de subsistencia o el acceso a los servicios de más de 400 personas.

Todas las estructuras afectadas estaban ubicadas en la Zona C de la ocupada Cisjordania o Jerusalén Oriental y habrían sido atacadas debido a la falta de permisos de construcción israelíes, casi imposibles de obtener para los palestinos.

Siete de las estructuras ubicadas en tres comunidades de la Zona C se habían proporcionado como asistencia humanitaria internacional por un costo total de más de 14.000 euros.

En uno de los incidentes más grandes, que tuvo lugar en la comunidad beduina de Ras ‘Ein al’ Auja en la zona de Jericó, las autoridades israelíes incautaron sin previo aviso, siete estructuras incluídas tres viviendas en construcción y cuatro estructuras relacionadas con medios de subsidtencia, afectando a 45 personas.

Se atacaron cinco estructuras adicionales en tres comunidades beduinas de la Gobernación de Jerusalén, ubicadas alrededor de la zona planificada para un gran proyecto de asentamiento (plan «E1»). El plan, actualmente en su etapa de aprobación final, implica la construcción de 3.500 unidades de vivienda, lo que coloca a 18 comunidades beduinas palestinas en un mayor riesgo de expulsión forzosa.

Además, en el norte del Valle del Jordán (Hammamat al Maleh), un jardín de infantes financiado por donantes que atiende a varias comunidades beduinas recibió una orden de demolición.

También en la Zona C, junto a la aldea de Suba en la zona de Hebrón, las autoridades israelíes arrasaron unos 30 dunums de tierras agrícolas, alegando que la zona había sido declarada «tierra estatal». Como resultado, se destruyeron las terrazas agrícolas y las cercas circundantes, y se arrancaron unos 930 olivos, viñedos, almendros y cactus, lo que socavó los medios de vida de ocho familias.

El número acumulado de estructuras demolidas o incautadas en 2020 (849) en Cisjordania, incluída Jerusalén Oriental, y el número de palestinos desplazados como resultado (996) son los mayores desde 2016. El número de estructuras financiadas por donantes internacionales afectadas en 2020 (156) también es el más alto desde 2016.

Los compromisos asumidos por las autoridades israelíes para detener la demolición de viviendas habitadas durante la crisis de COVID-19 se han ignorado en gran medida, dijo el informe de OCHA. Junto con los repetidos ataques a las instalaciones de agua y saneamiento, estas prácticas han socavado la capacidad de familias ya vulnerables para hacer frente de manera adecuada a la pandemia.

Una de las principales tendencias observadas en 2020 fue el aumento del uso de órdenes militares y otras semejantes, que impiden o limitan la capacidad de los palestinos para impugnar legalmente los ataques contra sus hogares y fuentes de sustento en los tribunales israelíes.

En el Área C, el 30% de las estructuras afectadas en 2020 (202 de 666) fueron incautadas sin previo aviso, frente al 11% en 2017 y el 8% en 2016. Otro 13% de las estructuras en el Área C (88) fueron demolidas sobre la base de la Orden Militar 1797, que proporciona un aviso de 96 horas y motivos muy limitados para impugnar legalmente una demolición.

En Jerusalén Oriental hubo un aumento importante en la proporción de estructuras demolidas por sus propietarios, luego de la emisión de órdenes de demolición, que alcanzaron el 47% en 2020, frente a un promedio del 23% en los cuatro años anteriores. Esto se atribuye a la nueva legislación israelí, que limitó la autoridad de los tribunales israelíes para intervenir y permitió a la Municipalidad Israelí de Jerusalén Occidental ejercer presión sobre las familias afectadas para que demolieran sus propiedades por sí mismas.

Fuente: WAFA