Al cumplirse cien años de la infame «Declaración Balfour» corresponde analizarla y, de paso, establecer las consecuencias de la misma así como las responsabilidades que de ella deberían desprenderse, porque pocos actos políticos han conllevado tanto daño y sufrimiento marcando no sólo el pasado sino, también, el presente y parte del futuro del pueblo palestino… pero también del israelí aún cuando su Gobierno no quiera admitirlo.
Arthur James Balfour, que fue Primer Ministro Británico y luego Ministro de Exteriores, envió el 2 de noviembre de 1917 una carta a Lord Lionel Walter de Rothschild, entonces líder de la comunidad judía del Reino Unido, en la que, en su posición de Ministro de Asuntos Exteriores Británico, mostraba el apoyo del Reino Unido para el establecimiento de un Estado Judío en Palestina en perjuicio del pueblo palestino, carta que se conoce como «Declaración Balfour».
Es a partir de ahí cuando comienza a gestarse el actual conflicto palestino-israelí y es de ese documento, y de las posteriores actuaciones de los distintos gobiernos británicos, de donde se desprende la responsabilidad del Reino Unido tanto en el conflicto como en la búsqueda de una solución al mismo.
La «Declaración Balfour», junto con ofrecer unos territorios que les eran ajenos, como nuevo «hogar nacional» al pueblo judío lo que hizo realmente fue privar de cualquier derecho político a los palestinos. Básicamente se comprometió a que los habitantes no-judíos tendrían derechos civiles y religiosos pero nada más y, con ello, sentó las bases para la creación de un único Estado con dos sistemas separados… lo que, décadas después y en la Sudáfrica supremacista, se conoció como apartheid.
Es decir, ahí es donde se establece que existirá un Estado con dos comunidades: una judía con plenos derechos civiles, religiosos y políticos y otra, la palestina, con sus derechos limitados, exclusivamente, al ámbito civil y religioso.
La implementación de dicha declaración arrastra sus consecuencias hasta nuestros días en que vemos cómo al pueblo palestino se le ha privado no solo de su tierra y de su país sino, también, de su inalienable derecho de autodeterminación con la merma que ello conlleva en todos los planos y, específicamente, en el ámbito de los derechos políticos pasando a ser ciudadanos de segunda.
La actual política del Gobierno de Israel no es otra cosa que una sofisticada implementación de lo establecido en la «Declaración Balfour», y basada en la negación de los derechos políticos a los palestinos a través de la separación y la creación de un sistema diferenciado para dos grupos en función de sus respectivas religiones y orígenes étnicos. Cuando digo que estamos ante una versión sofisticada de dicha declaración me baso en que Israel, como potencia ocupante –con lo que ello implica en el plano jurídico-internacional– no solo controla completamente la Palestina histórica sino cada aspecto de la vida de los palestinos violando no solo sus derechos políticos sino también los civiles y religiosos que, según Balfour, serían protegidos.
Revisar la historia es un buen ejercicio para conocer de dónde vienen, entre otras cosas, nuestros actuales problemas y qué mejor para entender el apartheid que se vive en Palestina, y quiénes tienen una clara responsabilidad en ello, a través de las palabras de quienes vivieron esos momentos y sentaron las bases de la realidad actual. Chaim Azriel Weizman, primer Presidente de Israel, preguntado sobre cómo obtuvieron la «Declaración Balfour» y qué pensó sobre los “ indígenas palestinos” contestó: « Los Británicos nos dijeron que había unos cientos de miles de negros (“kushim”) y que para ellos no tenían ningún valor».
Sí, en esta historia los «negros» son los palestinos y los «supremacistas» son los sionistas que no el conjunto de los israelíes (y esta no es una distinción menor).
Es obvio que el Reino Unido no tenía ningún apoyo legal ni justificación moral para entregar Palestina al movimiento sionista internacional, se trató de un acto ilegal, ilegítimo e inmoral cuyas consecuencias siguen pagándose, por los «negros» de esta historia, hasta nuestros días; sin embargo, y en aras a la rigurosidad histórica y a la justicia material, hay que recordar que la «Declaración Balfour» no contó con un apoyo unánime dentro del propio Gobierno Británico porque, por ejemplo, Sir Edwin Montagu, único judío en dicho gobierno, se opuso a la misma criticando seria y fundadamente al movimiento sionista y, otro tanto, hizo Lord Cuzon preocupado por el futuro del pueblo palestino.
La «Declaración Balfour», finalmente, no fue endosada ni por el Parlamento ni por una serie de oficiales británicos que consideraban necesario proteger los derechos de los palestinos pero, como podemos comprobar en las actuales celebraciones, es evidente que terminó por ser implementada y su más sofisticada versión sigue en marcha.
La responsabilidad política, y también las legales en el plano del Derecho Internacional, jamás han sido asumidas por el Reino Unido y, ahora que se cumplen cien años de dicha infausta declaración, es un buen momento no sólo para recordar su existencia sino, también, para estudiar los mecanismos de exigencia de responsabilidades, que existen, sobre aquellos procesos de descolonización fallidos que algunas potencias coloniales no sólo pretenden eludir sino, además, se permiten el lujo de celebrar como si las mismas hubiesen sido un éxito.
Balfour, como Ministro, comprometió al Reino Unido en un experimento social, político y cultural de oprobiosas consecuencias que, desde la misma declaración, preveía el establecimiento de un sistema discriminatorio que llevaría directamente al pueblo palestino a la Nakba (la tragedia) y que generaría un sufrimiento que se iría traspasando de generación en generación.
No son pocos los británicos que se avergüenzan del papel jugado por el Reino Unido en este proceso sino que, además, apoyan sin disimulo que su Gobierno asuma la responsabilidad histórica y legal que les cabe y que, como punto de partida, intente reparar los errores cometidos apoyando el derecho de los palestinos a tener un Estado independiente. Las vías son muchas pero, como mínimo, el Gobierno Británico debería, primero, impedir que se continúe violando la legalidad internacional y, especialmente, aquellas vulneraciones relacionadas con los asentamientos ilegales existentes en Cisjordania; segundo, debería reconocer al Estado Palestino y, tercero, participar de los mecanismos y procesos de exigencia de responsabilidades por los continuos crímenes que se cometen en contra de los palestinos.
Lo lamentable e inaceptable es que el Gobierno Británico, en lugar de actuar conforme a la legalidad internacional, se haya adentrado en una dinámica de celebraciones –del centenario de la «Declaración Balfour»- que solo sirven para ratificar la responsabilidad que tienen en la implantación de un sistema político que, supera con creces, al apartheid establecido en la Sudáfrica de los supremacistas. Al final, y desde Balfour, los «negros» de esta historia son y serán los palestinos… si la Comunidad Internacional, es decir todos nosotros, lo seguimos permitiendo.
FUENTE: http://www.eldiario.es
