Desde 1974, cada 17 de abril se conmemora el Día del Prisionero Palestino, en señal de solidaridad con los miles de prisioneros confinados de manera irregular en cárceles y centros de detención israelíes, sin garantías mínimas de observancia al debido proceso y la observancia de sus derechos.
Los números son alarmantes. Desde 1967, tras la ocupación militar de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, más de 1 millón de palestinos han sido detenidos de una población total que bordea los 4.5 millones de personas. Se estima que desde el año 2000 Israel ha detenido a más de 10.000 niños palestinos en Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza. Más del 60% de los niños que han sido detenidos fueron sujetos a algún tipo de tortura física y/o psicológica por parte de sus carceleros israelíes, según un informe presentado por la Asociación de Presos Palestinos (APP).
La detención de palestinos por parte de Israel es una de las prácticas sistemáticas de la potencia ocupante ya sea a manera de represión, en función de legislación discriminatoria aplicable únicamente a población palestina, o como medida de intimidación. En cualquiera de los casos, muchas de las detenciones se hacen bajo las categorías de “detención administrativa” y “prisioneros políticos”. Cabe recalcar que la detención administrativa permite la captura indefinida, sin cargos y sin un juicio, transgrediendo los fundamentos del debido proceso.
Los prisioneros palestinos cuando son sometidos a un juicio, siempre es una corte militar, nunca es civil y esto no excluye a los niños que también son sentenciados por dichos tribunales y la edad de menores que pueden someterse a tales procesos es a partir de los 12 años.
Si es cierto que las personas privadas de libertad en todas las partes del mundo están más expuestas al COVID-19 que la población general, la pandemia del Coronavirus representa un peligro particularmente grave y urgente para los presos, presas, detenidos y detenidas palestinos, que ya padecen unas condiciones de detención nefastas, incluyendo tortura y maltratos sistemáticos, negligencia médica intencional generalizada, sobrepoblación, ventilación inadecuada, falta de productos sanitarios básicos como detergentes y desinfectantes, mala alimentación y, en muchos casos, la prohibición de las visitas familiares. Estas condiciones hacen que las prisiones israelíes sean un peligroso campo de cultivo para la COVID-19 y agravan la vulnerabilidad de los presos, presas, detenidos y detenidas palestinos, particularmente teniendo en cuenta que en este momento hay cientos de prisioneros sufriendo enfermedades crónicas sin ser tratados.
A pesar de las directrices y los llamamientos emitidos por la Organización Mundial de Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los expertos en derechos humanos de la ONU, sobre la necesidad de evitar la propagación de la pandemia en centros de detención, las condiciones en las cárceles israelíes continúan deteriorándose.