07 de junio de 2021

Por Nadya Rasheed

La historia no muy lejana de Latinoamérica muestra la importancia del respeto a los derechos humanos, así como de la universalidad de su aplicación. Su implementación no puede estar sujeta a interpretaciones ni a excepciones. Esa es la base fundamental de un sistema internacional basado en el derecho y no en la opresión. Desde esa perspectiva, la prevención de crímenes de guerra y de lesa humanidad representa una responsabilidad no sólo para los organismos internacionales, sino también para cada país.

La semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de una resolución que establece la creación de una comisión de investigación sobre todas las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 13 de abril en Palestina e Israel. El mandato de la comisión permite la investigación de todas las partes. Uruguay, de forma sorpresiva, fue uno de los nueve votos en contra de esa resolución. Esa decisión fue sin lugar a dudas lamentable, y permite que muchos se pregunten si para las autoridades uruguayas los derechos humanos también son válidos para el pueblo palestino.

Los derechos inalienables del pueblo palestino han sido sistemáticamente violados por Israel desde hace más de medio siglo. Crímenes de agresión como la anexión, crímenes de guerra como la colonización y crímenes de lesa humanidad como el apartheid son parte del repertorio cotidiano que el pueblo palestino debe sufrir bajo el control de la potencia ocupante israelí. ¿Esto qué significa? No solamente que Israel controla todos los aspectos de la vida en Palestina, incluyendo qué y quién entra o sale de nuestro país o la cantidad de nuestra propia agua que podemos consumir, sino que lleva a cabo políticas sistemáticas de discriminación que convierten a toda la Palestina histórica en una reserva para la expansión de colonias sobre tierras palestinas. Otro punto: Israel nunca ha respetado ninguna resolución de la ONU que le concierna.

Esto no se trata de complicar la situación, sino simplemente de simplificarla: la libertad de Palestina es una condición básica no solamente para la estabilidad regional en Oriente Medio, sino también para la legitimidad misma del sistema internacional. La impunidad no logra la paz, la justicia es el único camino para asegurar una solución duradera. Ello no quita que el liderazgo palestino no haya asumido posiciones muy dolorosas en búsqueda de una solución, incluyendo el reconocimiento de Israel sobre la frontera de 1967, equivalente a 78% de nuestra patria histórica. Pero lo que busca Israel va bastante más allá de eso: más que un acuerdo de paz, el gobierno israelí, que nunca ha reconocido los derechos del pueblo palestino, busca un certificado de rendición con Palestina aceptando un régimen de apartheid.

La causa de la paz requiere que se afronten los temas de fondo, así como lo busca la comisión de investigación aprobada en Ginebra, para que todos puedan gozar de sus legítimos derechos.

El informe de Human Rights Watch sobre el apartheid implementado por Israel es sólido y habla de una serie de políticas que no se remiten sólo al territorio ocupado desde 1967 (Cisjordania y Gaza), sino también a la discriminación sistemática en contra de 1,8 millones de palestinos que son ciudadanos israelíes. Ellos han estado bajo ataque por parte de grupos de extremistas que, protegidos en muchas ocasiones por la propia Policía israelí, se han dedicado a aterrorizar vecindarios, incluyendo prácticas fascistas, como marcar las casas de ciudadanos palestinos para distinguirlas de las viviendas judías. Y eso es sólo un ejemplo: ningún palestino dejó de sentirse bajo ataque durante las últimas semanas, desde los fieles que fueron atacados por Israel en la mezquita Al Aqsa durante la Laylat al Qadr (Noche del Destino) hasta quienes fueron agredidos por querer rezar el fin de semana santa en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Ningún proyecto colonialista ha sobrevivido y las políticas de Israel contra el pueblo palestino no van a perdurar. Lo importante sería que Israel entendiese esto, para empezar su retirada desde el territorio ocupado y garantizar igualdad de derechos para todos sus ciudadanos. La causa de la paz requiere que se afronten los temas de fondo, así como lo busca la comisión de investigación aprobada en Ginebra, para que todos puedan gozar de sus legítimos derechos.

Desde esa base se puede planear un futuro en que la justicia permita una coexistencia pacífica que impulse el desarrollo humano y material de Israel, Palestina y el resto de la región. Lo contrario, incluyendo apoyar la impunidad israelí, significa impulsar un sistema de apartheid. Tengo claro que el mundo, incluido Uruguay, no aceptará una realidad de esas características. Pero para ello existen responsabilidades y pasos básicos que se deben tomar, comenzando por rechazar la impunidad.

Nadya Rasheed es embajadora del Estado de Palestina en Uruguay.

Fuente: https://ladiaria.com.uy