Traducción no oficial

JERUSALÉN, lunes 03 de enero de 2022 (WAFA) – Durante cinco días consecutivos, la familia Dabash procedió a demoler su casa en el barrio de Sur Baher en Jerusalén bajo la presión del municipio de ocupación israelí en Jerusalén, según el corresponsal de WAFA.

Dijo que la familia Dabash completó la demolición de su casa en la que han estado viviendo durante unos seis años, supuestamente por haber sido construida sin licencia, para evitar pagar hasta 25.000 shekels (aproximadamente USD $ 8.000) en multas exorbitantes si el municipio israelí de Jerusalén lleva a cabo la demolición por su cuenta.

La familia pasó unos cinco días en el proceso de demolición utilizando herramientas manuales.

El corresponsal de WAFA agregó que la familia recibió un aviso de demolición hace unos 20 días, y señaló que ya había pagado multas de construcción al municipio de ocupación, por un total de NIS 25,000.

El dueño de la casa, Ali Dabash , le dijo a WAFA que aunque la familia pagó la multa, la policía israelí llegó a la casa hace unos 20 días y les entregó la orden de demolición.

“Hemos intentado obtener una licencia durante los últimos seis años, pero todos nuestros esfuerzos fracasaron”, dijo Dabash . “Obtener una licencia de construcción en Jerusalén es imposible. Mientras el mundo celebraba el Día de Año Nuevo, le dimos la bienvenida a nuestro nuevo año sin una casa.”

Con el pretexto de la construcción ilegal, Israel demuele casas con regularidad para restringir la expansión palestina en la Jerusalén ocupada.

Al mismo tiempo, el municipio y el gobierno construyen decenas de miles de unidades de vivienda en asentamientos ilegales en Jerusalén Este para judíos con el objetivo de compensar el equilibrio demográfico a favor de los colonos judíos en la ciudad ocupada.

Aunque los palestinos en Jerusalén Oriental, una parte del Territorio Palestino reconocido internacionalmente que ha estado sujeto a la ocupación militar israelí desde 1967, se les niega sus derechos de ciudadanía y, en cambio, se los clasifica solo como “residentes” cuyos permisos pueden ser revocados si se alejan de la ciudad durante más de unos años.

También son discriminados en todos los aspectos de la vida, incluidos la vivienda, el empleo y los servicios, y no pueden acceder a los servicios en Cisjordania debido a la construcción del muro de separación de Israel.

Según un informe del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem , el Tribunal Superior de Israel podría ser responsable de crímenes de guerra por sus políticas que llevaron al despojo de palestinos de sus propiedades en el Área C de Cisjordania.

El informe, Justicia falsa, muestra que el apoyo del tribunal a la política de planificación israelí equivale a apoyar el despojo y el traslado forzoso de palestinos, un crimen de guerra según el derecho internacional.