Nosotros, los que llevamos a cabo la demanda, el abogado Eitay Mack y yo, presentamos a la corte evidencias de que Israel exportaba material de defensa a las fuerzas Serbias de aquel momento, incluyendo entrenamiento, municiones y rifles. Entre otras cosas, presentamos el diario personal del General Ratko Mladic, actualmente juzgado por la corte internacional de justicia por cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El susodicho diario menciona explícitamente los generosos acuerdos de armas entre Israel y Serbia,

Las exportaciones tuvieron lugar mucho después de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera un embargo de armas a varios de los bandos enfrentados en la guerra yugoslava, después de que varios testimonios hubieran denunciado el genocidio y la creación de campos de concentración.

La respuesta del fiscal general de Israel a la desestimación de la demanda por parte del tribunal no es otra cosa que una confesión de que Israel cooperó en el genocidio Bosnio. Si el gobierno no hubiera tenido nada que perder, los documentos en cuestión no habrían supuesto ninguna amenaza para las relaciones exteriores.

Entre 1991 y 1995, la antigua Yugoslavia se fracturó. Pasando de una república multiétnica a una colección de países que se lanzaron a combatir los unos contra los otros en una sangrienta guerra civil en la que, además de masacres, se produjo un genocidio.

Los serbios declararon la guerra a Croacia entre 1991 y 1992, y contra Bosnia desde 1992 y 1995. En ambos conflictos se cometieron procesos genocidio y  de limpieza étnica contra los musulmanes de las áreas ocupadas por los serbios. Murieron más de 250.000 personas, hubo miles de heridos, hambrunas y multitud de mujeres fueron violadas, además las personas que fueron encerradas en campos de concentración.

Otros bando del conflicto también cometieron crímenes de guerra, pero la demanda de la que hablábamos se centra en la colaboración entre Israel y las fuerzas serbias. Los horribles y crueles actos cometidos en Yugoslavia fueron los peores desde la segunda guerra mundial y el genocidio nazi contra el pueblo judío.

Una de las masacres más conocidas en la que llevaron a cabo los soldados al mando del general Ratko Mladic en los alrededores de la ciudad de Srebrenica, en 1995. Allí, como parte de una campaña de limpieza étnica contra los musulmanes de la zona, las fuerzas serbias asesinaron a más de 8.000 bosnios y los enterraron en fosas comunes. Aunque se suponía que la ciudad estaba bajo la protección de la ONU, cuando comenzó la masacre los Cascos Azules no intervinieron. En 2012 Mldic fue extraditado a la Haya, a la Corte Penal Internacional, y el juicio todavía sigue.

Durante aquella época, prominentes organizaciones judías pidieron el fin inmediato del genocidio y el cierre de los campos de la muerte. Algo que no hizo el Estado de Israel. De puertas para afuera condenó la masacre, pero mientras, por la puertas, vendía armas y entrenaba aquellos que estaban llevando a cabo los crímenes.

Hemos recopilado numerosos testimonios acerca de envíos de armas israelíes a Serbia, y que fueron incluidos en la demanda. Además hemos incluído evidencias de que dichos envíos se llevaron a cabo mucho después de que la ONU aplicara su embargo, en septiembre de 1991. Los testimonios han sido verificados y han sido expuesto aquí, tal y como aparecen en la petición, con las correspondientes abreviaciones.

En 1992, un antiguo alto cargo del ministerio de defensa serbio publicó un libro, “El ejército serbio”, en el que escribió acerca de estos acuerdos de armas, y que está firmado un mes después de que el embargo entrara en vigor. “Uno de los mayores acuerdos se llevó a cabo en octubre de de 1991. Por razones obvias, el acuerdo con los judíos no se hizo público en aquel momento.

Un israelí voluntario en una organización humanitaria en Bosnia por aquel entonces testificó que en 1994 un funcionario de la ONU le pidió que mirara los restos de un proyectil de 120 milímetros –en el que podían leerse letras hebreas– que había explotado en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Sarajevo. También confesó haber visto a Serbios desplazándose por Bosnia con ametralladoras Uzi fabricadas en Israel.

En 1995 se supo que los traficantes de armas israelíes, en colaboración con los franceses, habían cerrado un acuerdo para suministrar a Serbia con misiles LAW. Según los informes de 1992, una delegación del ministerio israelí de defensa fue a Belgrado y firmó el trato para suministrar dichos proyectiles.

El mismo general Mladic juzgado por genocidio y crímenes de guerra, escribió en su diario que “desde Israel le habían propuesto una lucha conjunta contra el islamismo radical, además de ofrecerle entrenar a sus hombres en Grecia y un suministro ilimitado de rifles de francotirador”. Por otra parte, un informe preparado a petición del gobierno holandés en relación a la investigación sobre Srebrenica contiene lo siguiente:

“Belgrado considera a Israel, Grecia y Rusia sus mejores aliados. En otoño de 1991 Serbia cerró un acuerdo de armas con Israel.”

En 1995 se supo también que los comerciantes de armas israelíes suministraron armamento al VRS –el ejército de la república de Srpska, el ejército serbo bosnio–. Este otro envío se hizo, sin lugar a dudas, con el conocimiento del gobierno israelí.

Tenemos informes de activistas por los derechos humanos acerca de israelíes entrenando al ejército serbio. Probablemente el pacto de armas con los serbios permitió huir a los judíos residentes en Sarajevo, pero no podemos probarlo.

Mientras todo esto estaba pasando en relativo secreto, a nivel público el gobierno de Israel expresaba sus temores acerca de la situación, como si fuera una cuestión de causa mayor y no una masacre hecha por el hombre. En julio de 1994, el director del comité de relaciones exteriores y defensa de la Knesset, Ori Or, visitó Belgrado y dijo: “Nuestra memoria está viva. Sabemos lo que significa vivir con boicots. Todas las resoluciones de la ONU contra nosotros han sido aprobadas con una mayoría de dos tercios”. Ese mismo año, el vicepresidente de EE.UU., Al Gore, llamó al embajador de Israel y advirtió a Tel Aviv que abandonara esta línea de cooperación.

La sesión del tribunal supremo en la que el Estado respondía a nuestra demanda fue llevada a cabo  en parte, es decir, que los demandantes no estábamos autorizados a escucharla. Los tres jueces del tribunal rechazaron nuestra demanda y aceptaron la postura del Estado de que revelar los detalles de estos envíos de armas a Serbia durante el genocidio dañaría demasiado las relaciones exteriores de Israel y afectaría a su seguridad, por lo que los potenciales daños serían mayores que el interés público por conocer los detalles y la verdad de estos hechos.Esta sentencia es cuestionable e incluso peligrosa por muchas razones. En primer lugar, la aceptación del tribunal de los argumentos del Estado acerca de cuánto afectaría la verdad a sus relaciones exteriores es desconcertante. A principios de año, el mismo tribunal rechazó una demanda similar relativa a las exportaciones durante el genocidio de Ruanda, sin embargo un mes después el Estado admitió que dichas exportaciones finalizaron cinco días después de que se iniciaran las matanzas.

¿Por qué el tribunal supremo justifica ignorar este fraude, incluso negándose a aceptarlo como evidencia? Después de todo, es evidente que el Estado exageró al asegurar que estas informaciones dañarían las relaciones exteriore de Israel.

Es de vital importancia para el interés público exponer la involucración del Estado en un genocidio, incluso cuando es a través de comerciantes de armas, particularmente cuando un Estado fue fundado sobre la desolación de su pueblo tras el Holocausto.

No es sólo de interés para los israelíes, sino también para todas las víctimas del Holocausto, el tener una conducta moral completamente distinta. Cuando el tribunal tiene en cuenta crímenes de guerra, también debe considerar los intereses de los segundos

Cuando el tribunal cierra investigaciones en casos de genocidio porque pueden dañar al Estado –algo que sigue sin ser probado– anula la búsqueda de justicia para las víctimas de dichos crímenes y envía un claro mensaje: que el derecho del Estado a la seguridad, real o imaginaria, es absoluto, y está por encima de los derechos de los ciudadanos.

La sentencia del tribunal supremo podría llevar a concluir que cuanto mayor sea el crimen, más fácil es de ocultar. Esto es algo inaceptable. Convierte a los jueces en cómplices, y de manera inadvertida convierten a Israel en cómplice de crímenes de guerra, negando a los demandantes su derecho democrático a debatir la cuestión en público.

El Estado se enfrenta a una serie de demandas similares relacionadas con su colaboración con los gobiernos de los asesinos. Incluso si ignorar estas demandas también interesa al Estado, el tribunal supremo debe dejar de ayudar a ocultar estos crímenes, para que aunque los culpables no sean procesados, se evite que repitan acciones similares en el futuro.

Cuando el Estado de Israel, nuestro gobierno, vende armas a genocidas, traiciona el legado y la memoria del Holocausto, nuestro particular genocidio. Lo mismo ocurre cuando negamos los genocidios sufridos por otros pueblos, como negamos el genocidio armenio.

Vender armas a Serbia y Ruanda al mismo tiempo que llevan a cabo un genocidio es lo mismo que vender armas a la Alemania Nazi durante el Holocausto

Nosotros, los israelíes, deberíamos preguntarnos estas complejas preguntas. Debemos preguntarnos cuestiones acerca de nuestra responsabilidad con semejantes actos de injusticia, y considerar posibles acciones para evitarlas, ya sean individuales o colectivas.

Para mí hay una enseñanza, o un legado, del Holocausto y el genocidio: el valor universal de la vida humana, allí donde se encuentre. El principio fundamental que guía mis acciones es esta sacralidad de la vida humana y la igualdad de los seres humanos ya sean serbios, bosnios, tutsis, turcos, armenios, palestinos o judíos.

Para nosotros, para Eitay y para mí mismo, nuestras acciones están motivadas por nuestros valores molares, de una forma que nos impide no llevarlas a cabo. Incluso después de dos sentencias del tribunal supremo, relativas a Serbia y Ruanda, no nos rendimos. Estamos intentando proceder a través de otras vías legales, y estamos intentando, tanto como podemos, movilizar a la sociedad civil.

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