Amnistía Internacional ha pedido repetidamente que se reanuden las visitas de familiares a los presos de Gaza, suspendidas por completo en junio de 2007.
Fuente: Amnistía Internacional
Dos mil palestinos recluidos en prisiones israelíes abandonan una huelga de hambre que venía durando ya un mes después de que Israel acordara diversas medidas para mejorar las condiciones penitenciarias, una acción que Amnistía Internacional interpreta como un paso hacia el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en la esfera de los derechos humanos.
En aplicación del acuerdo mediado por Egipto, Israel se ha comprometido, entre otras cosas, a poner fin al régimen de aislamiento al que estaban sometidos 19 presos –recluidos bajo ese régimen por un período de hasta 10 años– y a levantar la prohibición de las visitas de familiares que pesaba sobre los presos de la Franja de Gaza.
“Esperamos que esos compromisos sean signo de un nuevo enfoque adoptado por las autoridades israelíes, basado en el respeto de los derechos humanos de la población reclusa”, manifestó Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“En cualquier caso, no es de recibo que 2.000 presos hayan tenido que poner en peligro su salud para garantizar que se respetan sus derechos humanos; derechos que las autoridades israelíes llevan años violando.”
Amnistía Internacional ha pedido repetidamente que se reanuden las visitas de familiares a los presos de Gaza, suspendidas por completo en junio de 2007.
“Estas violaciones reiteradas del Servicio Israelí de Prisiones contra los presos en huelga de hambre deben investigarse a fondo y de manera independiente e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas”, dijo Ann Harrison.
“Una reclusión en régimen de aislamiento tan prolongada –fundada en información de la que no disponen los presos ni sus abogados– representa una violación de su derecho al debido proceso y constituye trato cruel, inhumano y degradante.”
Según el acuerdo, a finales de esta semana se espera que los presos sean trasladados a celdas donde tendrán contacto con otros reclusos.
“Quienes se encuentran en la enfermería de la prisión de Ramla, en huelga de hambre entre seis y 11 semanas, deben ser trasladados a un hospital civil inmediatamente hasta que su vida deje de correr peligro y deben ser tratados con humanidad en todo momento”, declaró Ann Harrison.
La detención administrativa es un procedimiento por el cual las personas detenidas son recluidas bajo mandato militar sin cargos ni juicio durante períodos de hasta seis meses que pueden ser renovados indefinidamente. Basándose en el reglamento inicial aprobado bajo el Mandato Británico, Israel ha usado dicha medida contra su ciudadanía desde 1948, y desde 1967 contra miles de palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados.
Las órdenes de detención administrativa se basan en información secreta de la que no se hacen partícipes ni a los detenidos ni a sus abogados, negando así a las personas detenidas la oportunidad de ejercer de forma efectiva su derecho a interponer los recursos pertinentes.
A finales de abril de 2012, unos 300 palestinos fueron recluidos en detención administrativa según estadísticas del Servicio Israelí de Prisiones. Algunos son presos de conciencia, confinados únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Durante muchos años Amnistía Internacional ha instado a Israel a poner fin a la práctica de la detención administrativa y a dejar en libertad a quienes se encontraban detenidos por vía administrativa, a menos que se los acusara de un delito común reconocible y se los juzgara sin dilación de acuerdo con las normas internacionales.
“El compromiso adquirido por Israel, según informes, de no renovar las órdenes de detención administrativa de las personas que se encuentran actualmente en esa situación, salvo que se presente nueva información de los servicios de inteligencia, no observa las citadas recomendaciones, pero, de aplicarse, significaría un primer paso hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas en la esfera de los derechos humanos”, expresó Ann Harrison.
Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han documentado repetidamente violaciones cometidas por el Servicio Israelí de Prisiones contra detenidos en huelga de hambre desde que Khader Adnan, detenido por vía administrativa, comenzó una huelga de hambre en diciembre de 2011.
Entre esas violaciones se encuentran los castigos infligidos a los detenidos en huelga de hambre, a quienes someten a régimen de aislamiento e imponen multas correctivas; la negación de atención médica; la prohibición de tener acceso a profesionales médicos y de la abogacía independientes; la prohibición de recibir visitas de familiares; las agresiones físicas; y la administración forzosa de tratamiento, como inyecciones en contra de la voluntad de los detenidos.
Asimismo, a Amnistía Internacional le preocupa que en las últimas semanas las fuerzas de seguridad y policía israelíes hayan empleado fuerza excesiva contra personas que se manifestaban de forma no violenta para expresar su solidaridad con los presos en huelga de hambre tanto en Cisjordania como en Israel.